Los hallazgos del Índice de Competitividad Estatal 2026 del IMCO conectan el rezago educativo de Michoacán con la debilidad de su gobierno estatal. México acaba de conocer los resultados del Índice de Competitividad Estatal 2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad bajo el título Los pilares de la economía.
 
El documento mide, a través de cincuenta y tres variables agrupadas en seis subíndices, la capacidad de las treinta y dos entidades del país para generar, atraer y retener talento e inversión. Michoacán ocupa el lugar treinta de treinta y dos, una posición que lo coloca entre las cuatro entidades con competitividad calificada como muy baja, junto con Oaxaca, Guerrero y Morelos.

El dato que debería encender las alarmas trasciende ese lugar general: Michoacán exhibe, de las treinta y dos entidades federativas, el peor desempeño del país entero en el subíndice de Sistema político y Gobiernos. Ningún otro estado administra peor sus finanzas, su transparencia y su relación con la ciudadanía.
 
El índice desagrega el desempeño estatal en seis dimensiones: Innovación y Economía, Infraestructura, Mercado de trabajo, Sociedad y Medio ambiente, Derecho, y Sistema político y Gobiernos. Michoacán conserva cierto margen en Innovación y Economía, donde alcanza el lugar dieciocho, una posición intermedia que sugiere capacidades productivas todavía aprovechables.
 
El deterioro se agudiza conforme el índice avanza hacia las variables institucionales: en Infraestructura, Michoacán cae al lugar veintiséis; en Sociedad y Medio ambiente, al veintiocho; en Sistema político y Gobiernos, al último lugar del país. Dentro de esa dimensión, la percepción de corrupción estatal alcanza 89.4 por ciento de la población urbana adulta, la cifra más alta entre las treinta y dos entidades. La consulta ciudadana de información sobre finanzas públicas llega apenas a 10 por ciento, cifra que ubica a Michoacán en el lugar treinta y uno. Los ingresos propios representan solamente 7.5 por ciento de los ingresos totales del estado, evidencia de una hacienda que depende casi por completo de las transferencias federales.
 
Ese vacío institucional golpea de manera directa a la educación. El subíndice de Mercado de trabajo, donde el índice ubica los indicadores educativos de la población adulta, coloca a Michoacán en el lugar veintiuno general, con caídas puntuales severas. El grado de escolaridad promedio de la población llegó apenas a nueve años, lugar veintiocho de treinta y dos, equivalente a la secundaria recién concluida. La proporción de población con educación técnica o superior alcanza 23.4 por ciento, lugar veinticinco. Dentro del subíndice de Sociedad y Medio ambiente, la cobertura educativa medida como tasa bruta de escolarización en nivel secundaria llega a 86.3 por ciento, lugar treinta y uno de treinta y dos, calificada por el propio índice como competitividad muy baja. Michoacán forma a menos jóvenes de los que debería y los forma con menor escolaridad promedio que casi el resto del país entero. Esa combinación revela una relación de fondo antes que una coincidencia estadística: un gobierno que recauda poco, que evalúa pocas políticas públicas y que sostiene la percepción de corrupción más alta del país administra con idéntica opacidad el gasto educativo y el resto de sus finanzas. La escuela michoacana enfrenta sus límites dentro de un sistema de gobierno que el propio índice describe como el más débil de México.
 
Michoacán conserva activos que el índice mismo reconoce. El lugar dieciocho en Innovación y Economía indica una base productiva con margen de desarrollo. La sociedad civil organizada, las universidades públicas como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y una participación ciudadana documentada por el propio índice mediante la variable de votos emitidos representan capital social todavía aprovechable. Existen, además, marcos normativos federales y estatales de mejora educativa y de fiscalización que, aunque insuficientemente aplicados, ofrecen una plataforma legal sobre la cual construir una respuesta institucional.
 
Mantener esta trayectoria condena a Michoacán a un círculo que se retroalimenta. Un gobierno con la percepción de corrupción más alta del país difícilmente atraerá la inversión que el propio índice mide como palanca de competitividad. Una población con nueve años de escolaridad promedio ofrecerá cada vez menos talento calificado a esa economía. Y una hacienda estatal que recauda apenas 7.5 por ciento de sus propios ingresos continuará dependiendo de decisiones tomadas fuera del estado para financiar aulas, maestros y programas educativos. El resultado resulta previsible: Michoacán permanecerá anclado en los últimos lugares de competitividad mientras persista como el estado peor gobernado del país, según la evaluación más rigurosa disponible sobre la materia.
 
Los números del ICE 2026 confirman lo que las comunidades educativas michoacanas documentan desde hace años: la crisis escolar del estado tiene raíces institucionales, además de pedagógicas. Cuando un gobierno estatal ocupa el último lugar nacional en transparencia de sus finanzas y en percepción ciudadana de corrupción, conviene esperar que el sistema educativo administrado por ese mismo gobierno reproduzca idéntica lógica de opacidad. La competitividad y la educación se explican mutuamente en este diagnóstico, y ambas señalan hacia un origen compartido.
 
Michoacán requiere, en primer término, un sistema de transparencia presupuestal que permita a la ciudadanía rastrear el gasto educativo estatal con el detalle que exige la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En segundo término, una estrategia de fortalecimiento de ingresos propios que reduzca la dependencia de transferencias federales y libere recursos estables para infraestructura escolar y formación docente. En tercer término, la evaluación sistemática y pública de los programas presupuestarios educativos, actualmente limitada según revela el propio índice. En cuarto término, metas explícitas de incremento en la cobertura educativa de nivel secundario y en el grado promedio de escolaridad, verificables mediante reportes anuales abiertos a organismos ciudadanos. En quinto término, mecanismos de participación ciudadana efectiva en el diseño y la vigilancia del gasto educativo estatal, capaces de opinar, proponer, recomendar y monitorear lo suficiente hasta revertir la percepción de corrupción que hoy encabeza el país.
 
El gobierno de Michoacán tiene ante sí, una vez más, un diagnóstico externo, técnico y verificable que confirma la urgencia de actuar. Postergar la respuesta institucional equivale a resignar otra generación de michoacanos a menor escolaridad, menor empleabilidad y menor bienestar. La sociedad civil, las universidades y las familias michoacanas están para exigir que ese diagnóstico se traduzca en decisiones concretas. La competitividad del estado y el futuro educativo de sus niños y jóvenes dependen de que esa exigencia encuentre, por fin, una respuesta a la altura. Michoacán necesita un mejor gobierno: un gobierno educador.
 
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.